viernes, 15 de septiembre de 2017

Mucha tensión y poca política

Una de las sedes de mi empresa está en Barcelona y a lo largo de los diez años que llevamos en el mercado, hemos establecido relaciones con centenares de empresarios de allí. Si bien el análisis de la crisis política catalana no es el objeto de nuestro desempeño profesional, en la última década hemos presenciado una evolución en su forma de pensar sobre la cuestión, lo que supone un termómetro relevante a la hora de abordar un diagnóstico de la situación actual, así como de las opciones de futuro. Porque es obvio que la vida no termina el 1 de octubre de 2017. Después del 1, llega el día 2, como gusta decir al lehendakari.

El empresariado catalán, en línea con el de otras muchas latitudes de nuestro país, no se ha caracterizado por hacer pronunciamientos públicos en torno asuntos políticos, como es el caso de la opción de la independencia para Catalunya. Sin embargo, basta con echar un vistazo a la prensa de los últimos meses, para comprobar que desde hace tiempo abandonaron esa suerte de neutralidad que les caracterizaba. En junio hicieron un llamamiento al President a que acudiera a las Cortes Generales a defender su proyecto; días después conminaron nuevamente a Puigdemont a “evitar el choque institucional”; finalmente, justo antes del verano, manifestatron directamente que la consulta del 1 de octubre está “fuera de los principios de la democracia”. Lógicamente, el espectáculo de las últimas semanas, ha dejado en un segundo plano cualquier llamamiento a la sensatez, venga de quien venga.

Y es que más allá del mundo empresarial, hoy en Catalunya, como ocurría en Euskadi a principios de siglo, se ha convertido en un problema hablar de política en las citas familiares, en los encuentros entre amigos, en las reuniones de la asociación a la que uno pertenezca. Desgraciadamente, la tensión es la principal protagonista del debate público (y no tan público) catalán.

Obviamente, la tensión no surge de la nada. La Generalitat no está siendo en absoluto ejemplar en su comportamiento en el último tiempo. Las leyes no se pueden respetar solo si le dan la razón a uno mismo. Y en absoluto se pueden defender las sectarias, arbitrarias y poco transparentes decisiones que viene adoptando la Generalitat (acompañada estos días por la mitad del Parlament), desde que pusieron velocidad de crucero a su plan de desconexión.

Sin embargo, el “tancredismo” del Gobierno Central en esta cuestión, es el peor favor que se puede hacer a un Estado que, después de 40 años de recorrido democrático, ya requería de reformas importantes antes de este último conflicto.

Ante el cuestionamiento de la soberanía acotada en la Constitución que hoy protagoniza el nacionalismo catalán – pero que otros nacionalismos periféricos y diferentes movimientos han protagonizado intermitentemente desde 1978 – las instituciones del Estado no pueden permanecer en la inacción y en la resignación, que ha sido la política del Gobierno en esta materia, por más que se pretenda ahora dar sensación de movimiento, e incluso de flexibilidad ante las propuestas de la oposición (del PSOE, básicamente). El tipo de (no)respuestas dadas por el Gobierno hasta el momento, incrementan la sensación de inseguridad y, por tanto, agravan aún más la situación. ¡Hasta a quienes creemos en él, se nos hace difícil a veces defender al Estado!

En todo caso, hay que tener claro que lo que ocurra el día 1, por grave que sea, no cambiará la realidad social en Catalunya. Las personas serán las mismas y los problemas seguirán en el mismo sitio.

Ante ese escenario, somos muchos los que pensamos que se debe dotar al Estado de Derecho de instrumentos que permitan medir la dimensión real del cuestionamiento de la soberanía a través de un procedimiento de consulta dentro de la ley. Pero para caminar en esa dirección, además de decisión, hace falta claridad, algo que, en palabras de Arregi, daría altura al debate y lo convertiría también en una oportunidad para la unión.

España es un país internacionalmente reconocido como democrático. Y en toda democracia existe el derecho ciudadano a que sea escuchada cualquier reivindicación que se formule por medios pacíficos. Y, sobre todo, debe haber cauces para la tramitación de tal reivindicación al alcance de la minoría que mantiene tal reivindicación.

En este sentido, y con total claridad, existe una reivindicación de independencia – con mayor o menor intensidad – en Catalunya. Es un derecho el poder reivindicarla. Como también existe el derecho a obtener una respuesta fundamentada, que es lo que no está ocurriendo en nuestro país, y esto resta legitimidad democrática al propio Estado.

Lógicamente, para que esta reivindicación pudiera sustanciarse en el marco de la ley, la ley habría de ser cambiada. Y no me refiero a una reforma constitucional, asunto tabú en las cuatro últimas décadas. Por norma, ninguna Constitución prevé la secesión, la española tampoco; pero en la medida
en que prevé su reforma, nada impide al nuestros diputados regular los trámites previos para iniciar el propio proceso, eso no contraviene la interpretación que hizo el Tribunal Constitucional en 2008 sobre Ley de Consulta vasca. El constitucionalista Rubio Llorente fue uno de los defensores de esta tesis de forma bien lógica.

Parecería muy sensato iniciar los trámites para discutir y aprobar una ley “procedimental” (Ruiz Soroa), previa a una hipotética reforma constitucional, que regulase todos los aspectos necesarios, incluida la consulta previa en torno a la secesión a la parte de España que así lo haya solicitado de forma clara, sostenida en el tiempo y de manera no condicional. Sin duda, esta propuesta ayudaría mucho a clarificar las posiciones en el marco de la ley, a que dejáramos de darle tantas vueltas al asunto y emplear el esfuerzo en otros problemas y retos de futuro para nuestra sociedad. 

El impulso de una ley de este tipo, además de la decisión y la claridad ya mencionadas, requeriría de una gran voluntad política para el acuerdo que ahora mismo no existe en los gobiernos catalán y español, y tampoco en los partidos que los sustentan. ¿La habrá el día 2 de octubre?


(Publicado el 15.09.17 en EL CORREO)

domingo, 14 de mayo de 2017

Hace falta otro 15-M


Se cumplen seis años desde que centenares de miles de personas tomaran las plazas de nuestro país de forma tan imprevista como ejemplar. El 15 de mayo de 2011 emergió un movimiento surgido de la confluencia, más o menos organizada, de diferentes asociaciones y plataformas que decidieron pasar a la acción política de forma crítica, frente al modelo de gestión económico-social que venían practicando las principales instituciones en la nueva era inaugurada por la Gran Recesión. Sin que ninguno de los actores del sistema lo viese venir, el 15M se convirtió en el acontecimiento político más relevante de lo que va de siglo en nuestro país, sirviendo de inspiración a otra constelación de movimientos de indignación que se produjeron posteriormente a nivel global.


Las razones que provocaron semejante estallido social en España fueron muchas y muy diversas, pero a mi juicio hubo dos causas críticas. Por un lado, la cartelización de los partidos y la crisis de representación política provocada por estas organizaciones, que fueron encerrándose en sí mismas y en sus dinámicas internas (y siguen haciéndolo), transmitiendo a la ciudadanía la sensación de que los problemas sociales eran ajenos a sus miembros, de modo que los principales actores del sistema suponían más un problema que una solución. Y por otro lado, la crisis económica y la pérdida de oportunidades que la acompañó, circunstancia que incrementó la desafección política e institucional, agudizando la sensación de que la política era incapaz de dominar el escenario y de aportar soluciones.

De cualquier modo, y al margen de las consideraciones sobre su origen, el 15M consiguió transmitir que sus planteamientos eran transversales e intergeneracionales, lo que seguramente se convirtiera en la clave de su tremendo éxito. El movimiento logró sumar a las plataformas promotoras y a movimientos sociales alternativos a una mayoría indignada con el estado de las cosas. Y es que al margen del número de personas que se tomaran la molestia de salir a ocupar físicamente las plazas aquellos días, en junio de aquel año, según Metroscopia, el 81% de los españoles afirmaba que “quienes participan en ese movimiento tienen razón”.

Su pretensión de cambio y sus propuestas alteraron de arriba abajo la agenda política, ante el noqueo de los principales actores del sistema. Trataron de ignorarlos, de descalificarlos y de estigmatizarlos. Finalmente retaron al movimiento, planteándole que la política se hacía en las instituciones y que, por tanto, allí les esperaban si eran capaces de organizarse.

¡Vaya que si se organizaron! El surgimiento de Podemos y, posteriormente, de Ciudadanos tiene que ver con la conversión de la indignación social en indignación política. Evidentemente, los primeros nacieron con una vocación más transformadora que los segundos, que fueron más proclives hacia las reformas en el sistema. Pero unos y otros consiguieron generalizar la sensación de que el cambio era posible, enarbolando las principales banderas del 15M. Parecía que el statu quo tocaba a su fin y que, viniendo desde atrás, unos u otros (o ambos juntos) conseguirían liderar el país e inaugurar una Segunda Transición.

Seis años después, evidentemente, se han producido cambios, pero no se ha producido el cambio. La crisis de representación es tan profunda como en mayo de 2011, sin que se hayan producido cambios en los partidos, que siguen siendo percibidos como un problema por la sociedad. Sigue habiendo una cuarta parte de la población en pobreza relativa o severa. El hecho de tener un empleo en modo alguno garantiza que uno pueda llegar a fin de mes. Seguimos viviendo, de forma especialmente cruda en los últimos días, las detestables connivencias entre el poder político y el judicial. Si cabe, está más extendida la percepción de que los casos de corrupción que son noticia a diario, forman parte de un problema sistémico. Y así podría seguir.

Mientras tanto, los viejos partidos siguen sin entender el movimiento y, por tanto, sin impulsar las reformas necesarias hacia su interior y de proyectarlas institucionalmente. Y los nuevos partidos han envejecido mucho en muy poco tiempo: los unos cometiendo el doble error de abandonar el eje transversal arriba-abajo y recogiendo las peores prácticas políticas y orgánicas del comunismo de Anguita; y los otros llevando el pragmatismo al extremo de la carencia argumental y la incoherencia. Sin minusvalorar su mérito, que lo tienen, Ciudadanos primero y Podemos después, están dejando de ser vistas como opciones de cambio real, convirtiéndose simplemente en dos actores más y reduciendo la pulsión regeneradora. Mientras tanto, una gran parte de aquel 81% de la población que pensaba que los indignados tenían razón en sus planteamientos, sigue huérfana en términos políticos.

Todo ello que me lleva a concluir que hace falta otro 15M. Desde luego, nos hace falta a todas aquellas personas que pensamos en clave de progreso, que consideramos absolutamente impresentable que siga al frente del país un partido podrido por la corrupción, que sentimos bochorno por los desvergonzados y vertiginosos cambios de posición de los nuevos partidos en determinadas materias, y que estamos hastiadas del permanente e infantil cruce de acusaciones entre los partidos de la oposición para ver quién se convierte en cabeza de ratón.

No sé ustedes, pero yo, desde luego, sigo indignado.



(Artículo publicado en EC el 15.05.17)


miércoles, 19 de abril de 2017

La desafección política en España y la disposición del PSOE y Podemos a combatirla

Hace unas semanas me doctoré con una tesis titulada "Una visión de las causas de la desafección política en España y de las ideas para combatirla".

Durante los últimos cuatro años, he llevado a cabo esta investigación porque me preocupa la democracia, su funcionamiento y la necesidad de que el mayor número posible de ciudadanos y ciudadanas tengan la opción de formar parte influyente en el proceso de toma de decisiones. Dentro del funcionamiento de la democracia, el papel de sus actores políticos principales, los partidos, y la manera en la que desempeñan ese papel siempre ha sido objeto de estudio y preocupación para mí.


De hecho, durante un periodo de tiempo importante de mi vida, en el que me dedicaba al 100% a la actividad política de partido e institucional, me llamaba la atención la escasa preocupación que existía en mi entorno sobre la desafección de la ciudadanía hacia la política. No entendía muy bien cómo era posible que se sostuviese en pie un sistema cuando sus principales protagonistas, los partidos y sus dirigentes, eran percibidos por la ciudadanía como uno de los problemas más importantes.

Cuando me planteé la investigación, trataba de entender un poco más el fenómeno de la desafección política del que tanto se viene hablando en los últimos años en nuestro país, y de plantear una buena (y compartida) definición de desafección política, en la medida en que no existe una convención al respecto. Y, por supuesto, también pretendía exponer una batería de propuestas o de recetas prácticas que pudieran ayudar a combatir la desafección política, y que me sirvieran de base para contrastarlas con una representación de la militancia y de los dirigentes de dos partidos políticos importantes en estos momentos: PSOE y Podemos.

He apoyado la investigación en tres pilares fundamentales.

En primer lugar en lo que la comunidad científica ha dicho y escrito sobre la desafección política en las democracias occidentales, así como sobre sus posibles vías de solución. En este apartado también se incluyen las críticas y planteamientos realizados por parte del movimiento de la indignación en España.

En segundo lugar, se han tenido en cuenta diferentes estudios sociológicos trabajados y presentados por parte de diferentes instituciones y empresas (fundamentalmente los servidos por EUROBARÓMETRO, CIS, GESOP y METROSCOPIA).

En tercer y último lugar, he analizado a fondo los datos de fuente directa que se han obtenido a través de entrevistas a los líderes de los dos partidos políticos elegidos, así como a los ocho grupos de militantes de ambas formaciones políticas con los que me he reunido personalmente. 

Me he reunido con ocho grupos de militantes del PSOE y de Podemos en Vitoria, Logroño, Coria y L´Hospitalet, con un mismo el procedimiento cuanto a la selección de las y los militantes a entrevistar. Me dirigí a las respectivas organizaciones locales de ambas formaciones políticas y les pedí que me formaran un grupo de seis personas, dividido en tres franjas de edad y equilibrados en cuanto al género.

Respecto de los dirigentes, no siempre he conseguido entrevistar a las personas que pretendía inicialmente, y no hay una correspondencia de la región de procedencia de las y los líderes con la de los militantes entrevistados. En todo caso, he conseguido entrevistar a un plantel relevante de líderes (en muchos casos ya ex líderes) de diferentes generaciones, que llevan a cabo su labor en diferentes niveles (regional, estatal o europeo) y que ocupaban bien cargos orgánicos o bien cargos institucionales de relevancia en el momento de realizar la investigación.

Todos ellos respondieron a una serie de preguntas abiertas sobre la desafección política, sus razones y las posibles vías para atajarla, sobre la validez del modelo de partidos o sobre el movimiento 15-M y su influencia de en ambas formaciones políticas. Y también fueron preguntados sobre una batería de medidas en materia de debate, transparencia, participación y dación de cuentas.


En la investigación, se han obtenido tres resultados fundamentalmente:


1. Una definición de desafección política que pretende ser compartida.

Uno de los apartados de la investigación con los que más he disfrutado es en el que buscaba saber qué se quiere decir cuando se habla de desafección política y, por supuesto, ofrecer una definición del término. A pesar de haber sido uno de los fenómenos más estudiados por la Ciencia Política en las últimas décadas, no existe un significado compartido del mismo. 

He analizado las aproximaciones que se han hecho para definir el hecho, así como los múltiples vértices de la desafección política, casi tantos como autores (hasta 31 autores diferentes se citan en 6 págs.).

A continuación, y al objeto de fortalecer la definición del término, he seleccionado seis indicadores relacionados con la desafección política, y los he medido en doce países diferentes de la UE, incluyendo España, a partir de los estudios del Eurobarómetro, de Transparencia Internacional y de los originales cruces de datos servidos por Peter Mair. 

Los seis indicadores medidos: Confianza en el Gobierno; Confianza en el Parlamento; Confianza en los Partidos Políticos; Implicación psicológica de la ciudadanía en política; Participación electoral; e Índice de Percepción de la Corrupción.

Del análisis de estos indicadores, devienen tres conclusiones que ayudaron a la construcción de la definición de desafección política propuesta en esta investigación:
- la desconfianza afecta a los partidos (y la clase política) más que a las instituciones por las que se ha preguntado;
- el hecho de que se den mínimos históricos de participación en los procesos electorales generales o una peor valoración de las instituciones y de los partidos políticos, en modo alguno conlleva una falta de interés subjetivo por la política;
- la percepción de la corrupción es mayor a medida que crece la desconfianza hacia las instituciones y los partidos.

En consecuencia con el análisis de los múltiples vértices del hecho, así como de los señalados seis indicadores, este es el significado de desafección política a los efectos de esta investigación:
Sentimiento de distancia y desconfianza hacia la actividad política-institucional, de partidos y hacia la clase política por parte de la ciudadanía, al margen del respaldo al régimen democrático y del interés hacia la política.


2. Un conjunto de causas teóricas de la desafección política y una batería de propuestas para combatirla.

CAUSAS

A través del estudio de los diferentes teóricos, he obtenido once conjuntos de causas de la desafección política: No me detendré a explicar los once conjuntos de causas. Pero sí quiero aclarar que la intención de la investigación era ofrecer conjuntos de causas abiertos, con la posibilidad de ser interpretados desde diferentes ópticas..

Por ejemplo, en el apartado de corrupción se habla de la más visible y conocida, pero también se habla de esa otra corrupción que, como dicen Subirats y Vallespín, no vemos porque quizás “funcione de manera tan engrasada o se haya extendido tanto en una sociedad, que dome sus resortes”.

Esa es la corrupción, a mi juicio, que impide que se produzcan cambios de raíz en nuestros partidos políticos y que dificulta una rendición de cuentas real hacia la sociedad.

Otro ejemplo: la falta de virtud de la propia clase política. En este apartado se habla sobre las razones que ocasionan esta situación: las corruptelas pseudo-legales, el respeto a la cadena de mando como la forma de lealtad más apreciada, las listas cerradas, bloqueadas y propuestas por la dirección de turno, etc..

Y también se apuntan algunos efectos sobre la calidad de nuestros representantes que estarían ocasionando las nuevas tecnologías. Y también sería interesante profundizar en los efectos sobre la misma que han tenido las políticas de igualdad o la regulación actual de las conocidas como “puertas giratorias”. 


PROPUESTAS

Dice Todorov que “suponiendo que supiéramos lo que es el bien, tendríamos que declarar la guerra a todos los que no compartan el mismo ideal”. De modo que ni estas propuestas constituyen el bien, ni se trata de declarar la guerra a quienes no compartan este ideal.

Se plantean aquí ocho conjuntos de propuestas que en ocasiones a juicio del autor, en ocasiones en opinión de algunos teóricos y en otras ocasiones en opinión de los movimientos de la indignación, podrían ayudar a combatir la desafección política en nuestro país.

En este apartado tiene incluso más interés que en el anterior recalcar que no son ocho propuestas, sino ocho conjuntos de propuestas

Como ejemplo de lo que digo, se cita la necesidad de introducir cambios en nuestro sistema de representación y, particularmente, en los partidos políticos. Y en este conjunto se plantean medidas como la implantación de listas abiertas, elecciones primarias bien organizadas y la revisión de las circunscripciones electorales.

Otro ejemplo. Cuando se cita la transparencia como una de las vías para combatir la desafección, se hace mención a dos líneas de pensamiento principales: la de quienes no creen en que sea una solución; y la de quienes la defienden como herramienta facilitadora de la participación y de una buena rendición de cuentas. Además, se citan muchas y muy variadas propuestas de transparencia en materia electoral, en materia de financiación privada y pública, etc. Finalmente, incluso se apunta una nueva línea de reflexión a este respecto: la que apunta a que solo siendo ejemplares (transparentes) desde lo público, se podrá reclamar lo mismo en otros ámbitos, tanto o más importantes.



3. De las tres hipótesis de investigación que se plantearon, se ha refutado una y se han comprobado las otras dos.


HIPÓTESIS 3

Mayoritariamente los militantes y dirigentes de Podemos se sienten más cerca del movimiento 15M que los del PSOE, algo que se comprueba tanto analizando las respuestas a las preguntas abiertas, así como las respuestas cerradas, que incluían propuestas concretas salidas de las plazas.

A partir de ahí, se pueden observar dos sub diferencias en el campo socialista:
- los militantes del PSOE están menos alejados del movimiento que sus dirigentes, que son a su vez quienes en las respuestas muestran una mayor agresividad contra lo que ellos consideran el producto del 15M, Podemos;
- los dirigentes sobrevaloran los efectos positivos que tuvo el 15M sobre el PSOE, piensan que les cambió más que lo que piensan los propios militantes socialistas (que consideran en general que el cambio se quedó en palabras y compromisos de cambio incumplidos a la postre).


HIPÓTESIS 2.

Los datos han refutado la hipótesis de partida, que planteaba que los jóvenes militantes eran más partidarios de las medidas por las que se preguntaba que los militantes de los otros dos grupos de edad.

Ya se ha señalado que la variable fundamental que marca las diferencias entre unos y otros entrevistados es la del partido de pertenencia. En consecuencia, solo en siete de las veintiocho cuestiones sobre Transparencia, Debate, Participación y Dación de Cuentas por las que se ha preguntado hay diferencias en función de la variable edad. De entre esas siete diferencias, en tres los grupos de militantes de más edad son más partidarios de las medidas que el grupo de los más jóvenes.

En la investigación se abre un debate en torno a este resultado que también daría como para una tesis independiente y sobre el que, si se considera oportuno, podemos profundizar a posteriori.


HIPÓTESIS 1.

De las veintiocho cuestiones concretas sobre Transparencia, Debate, Participación y Dación de Cuentas sobre la que se ha preguntado, en veintiuna de ellas hay diferencias en la forma de pensar en función del partido de pertenencia, estando los militantes y dirigentes de Podemos más predispuestos a las reformas en esos cuatro terrenos.

Cabe resaltar no obstante, que nuevamente hay diferencias entre la militancia y la dirigencia del PSOE, que en general es la más reacia de los cuatro grupos a la puestas en marcha de las reformas por las que se ha preguntado. Las preguntas abiertas ayudaron a interpretar esta diferencia.





Aquí os dejo una serie de noticias-entrevistas relacionadas con el proyecto:
- SER
- CNTXT







viernes, 7 de abril de 2017

El 100%

Cada año en los días previos y posteriores al 8 de marzo, proliferan las noticias en torno a la importancia de la mujer en la sociedad. Este año este mismo medio sacó a la calle una magnífica, por simbólica e impactante, versión femenina del periódico. Sin embargo, me parece tanto o más importante situar en el debate público la cuestión de la igualdad entre mujeres y hombres en fechas diferentes a la efeméride en cuestión, además la actualidad nos suele brindar ocasiones para ello. Así, acabamos de saber que desde hace unos días en Islandia, uno de los países más avanzados en la materia, las empresas están obligadas por ley a demostrar que pagan igual a hombres y mujeres.

Más allá de la diferencia salarial, sería impertinente explicar que en nuestra sociedad la mayor parte de los puestos de responsabilidad son ocupados por hombres. Es una realidad irrefutable en el mundo de la empresa, en los deportes de masas, en los partidos políticos, en las instituciones de representación y gobierno, en el ámbito académico, en los medios de comunicación, en la Justicia, en las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado,…

Centrándome en el ámbito empresarial, la ley de igualdad entre mujeres y hombres aprobada en Cortes en 2007, instaura la obligación de aplicar planes de igualdad en las empresas españolas de más de 250 empleados. Sin embargo según un estudio hecho público el pasado mes de enero por Leialta, sólo el 10% de las empresas afectadas aplica o fomenta medidas de igualdad.

La citada ley recomendaba a las sociedades obligadas a presentar cuentas de pérdidas y ganancias, a incluir en sus consejos de administración a un número equilibrado de mujeres y hombres para el año 2015. Pues bien, ya estamos en 2017 y sólo el 20% de las personas que forman parte de los consejos de administración de las empresas del IBEX son mujeres. Y si “bajamos” a las empresas de más 250 empleados, el porcentaje desciende hasta el 9%.

Observo esta misma realidad también en las decenas de pequeñas y medianas empresas vascas con las que me relaciono profesionalmente. Como muestra, un botón: de las últimos 100 empresarios/propietarios con los que he tratado, sólo en 3 ocasiones mi interlocutora ha sido una mujer.

Este, el del desequilibrio entre mujeres y hombres en cuanto a la representación en los órganos directivos o de la propiedad de las empresas, es sólo uno de los aspectos relacionados con la igualdad que hay que considerar para hacer un análisis ponderado de la situación. Sin embargo, este aspecto por sí mismo tiene la suficiente entidad como para plantear la idea de fondo que aquí se pretende: en lugar de recomendar, ¿debería la ley obligar a las empresas a diseñar y aplicar políticas de igualdad?

Abordaré esta realidad en el contexto de otro mundo también tradicionalmente masculino, la política. Por primera vez en la historia del Parlamento Vasco, hay más mujeres que hombres parlamentarios. Además, cabe señalar que de los cinco partidos con representación parlamentaria, tres tienen al frente de sus respectivos grupos políticos a una mujer (Idoia Mendía – PSE-EE, Maddalen Iriarte – EHBILDU y Pili Zabala – PODEMOS), lo cual indica además que el papel de la mujer en la Cámara no es en modo alguno testimonial. ¿Habría sido esto posible sin la aprobación en Euskadi en 2005 de ley de igualdad que obligase a los partidos políticos a establecer cuotas “cremallera” entre mujeres y hombres? A mi juicio, no.

Por lo general, quienes se oponen a las cuotas suelen argumentar que lo relevante es defender la capacidad y el mérito, y no el sexo de la persona. Como si el hecho de aspirar a que haya paridad en los ámbitos de responsabilidad supusiera renunciar a la valía de las personas. Más bien al contrario. Diferentes estudios difundidos recientemente por el economista y editor de Politikon, Luis Abenza, muestran que las cuotas de igualdad incluso mejoran la preparación de los políticos, al atraer desde el mercado de trabajo hacia la política a mujeres que están mejor formadas que los hombres. Por tanto, no solo se trata de una cuestión de igualdad, sino de inteligencia como sociedad: si queremos calidad en la representación política, debemos defender y practicar la igualdad.

Los estudios en torno a la política citados en el párrafo anterior, dejan a las claras algo que parecía obvio desconociéndolos previamente: sin contar con la mujer, descontamos talento colectivo, el 50%, ni más ni menos. Principalmente por esa razón, y aunque la igualdad no es una mera cuestión de cuotas, soy un firme defensor de las mismas.

Así pues, las cuotas (y el resto de aspectos que componen las políticas integrales de igualdad) no son solo necesarias en los partidos políticos, en las instituciones de representación o en las empresas participadas por la Administración. Hay que ir más allá. Dejemos de desperdiciar la calidad del principal capital de la sociedad. Aprovechemos el 100% de nuestro capital humano.



(Artículo publicado en El Correo 07.04.17) 

lunes, 13 de febrero de 2017

El sentido común no es proteccionismo

“Trump utiliza la legislación, trata de poner trabas al libre comercio con nuevos aranceles. Yo no quiero nada de eso, sino que todos, Administración pública y empresas privadas, reflexionemos cada vez que tomamos una decisión de compra”. 


Estas palabras están entresacadas de la entrevista al presidente de la patronal de Bizkaia que este periódico publicó el pasado lunes. Aunque es verdad que Iñaki Garcinuño no concretó demasiado el tipo de propuestas que darían forma a su planteamiento, ha tenido la virtud de colocar en la agenda pública un debate crítico para nuestro modelo socio-económico futuro.

No hay más que darse una vuelta por los otrora híper-poblados polígonos industriales vascos, para ver que hay sectores de actividad se están quedando sin empresas aquí. No hay más que asomarse a las calles de nuestros pueblos y ciudades para percibir la mala evolución del comercio tradicional, así como para intuir sus oscuras perspectivas de futuro. No hay más que echar un vistazo a la contratación pública para percatarse de que las empresas adjudicatarias no son muchas, son muy voluminosas y, en no pocas ocasiones, tienen sus centros de decisión fuera de nuestro entorno.

Hay muchas personas que defienden que es inevitable que se dé esta situación, que es la ley de la oferta y la demanda. Hay quienes incluso manifiestan que aquellos que se opongan a ella son unos insensatos y unos irresponsables, y que llevarán a sus sociedades a la ruina. El propio lehendakari Urkullu, en respuesta a la iniciativa lanzada por el presidente de Cebek, llama a las empresas a ser sensibles en su política de compras, pero elude su responsabilidad como Administración argumentando que no se pueden “cerrar las puertas al campo".

Pues bien, aplicando estas “sagradas” leyes y los respectivos reglamentos de la austeridad que dictan las opacas instituciones financieras y monetarias internacionales, formamos parte de un país que en el que una de cada cuatro personas vive en condiciones de pobreza relativa o severa, en el que el número de ricos se incrementó el pasado año en más de 80.000, en el que se crea mucho empleo muy precario y en el que se destruye tanto o más, y en el que cada vez disponemos de menos ingresos para poder hacer políticas públicas redistributivas.

La política que se está aplicando no es la única posible. En absoluto. Y el actual estado de las cosas no se arreglará exclusivamente con medidas de choque. Evidentemente son necesarias determinadas políticas coyunturales, como relajar los objetivos de déficit, una reforma fiscal valiente y justa, una eficaz lucha contra el fraude fiscal, una revisión “a la baja” de las estructuras institucionales, o una mayor inversión en I+D.

Pero además de las medidas coyunturales, hace falta un cambio estructural, un cambio de modelo. No sé si Garcinuño quería ir tan lejos, pero creo que su propuesta abre la puerta a una discusión pública de fondo y de altura. La cuestión estriba en si tenemos la capacidad de empezar a cambiar el mundo empezando por nuestros pueblos y ciudades o si, por el contrario, tenemos que esperar a que se produzcan cambios a nivel global mecidos por la Mano Invisible de Adam Smith.

Junto a otro montón de personas, soy de los que piensan que podemos cambiar el mundo empezando por nuestros pueblos, ciudades o territorios, desde el ámbito privado y, por supuesto, desde lo público. Y que para ello no hay necesidad de que se operen grandes cambios a nivel global o regional.

Ninguna ley de la competencia impide que exijamos, por ejemplo, medidas de transparencia radical en las empresa y en los etiquetados de sus productos, de forma que quien consume sepa el máximo de detalles sobre los mismos. Ninguna institución puede impedirnos otorgar mayores ventajas fiscales a aquellas empresas que menor huella ecológica dejen o castigar a aquellas que empleen mano de obra infantil en su producción, y así conseguir algún día que los productos ecológicos o los de comercio justo sean más asequibles que el resto. No hay norma que nos impida fomentar los proyectos colaborativos y de cooperación entre empresas, proyectos que no pasen por eliminar a la competencia, sino que se basen en buscar alianzas para aportar más valor a nuestros productos y servicios. Nadie impide que en nuestras normas y ordenanzas de contratación se premie a las empresas con menor diferencia salarial entre el jefe y el último empleado, o a aquellas que hagan copartícipes de sus decisiones a un mayor número de trabajadores.

Estos y otros planteamientos por el estilo son defendidos por Christian Felber en su “Economía del Bien Común”. Hay también otros movimientos diferentes al anterior que están defendiendo – e implementando con éxito – modelos alternativos de crecimiento y desarrollo económico, más racionales y sostenibles. Son propuestas a valorar por cualquier persona que tenga una perspectiva de futuro y de progreso para nuestro país. Se trata de cuestiones de sentido común, que nada tienen que ver con el proteccionismo y las medidas involucionistas e irracionales de Trump o Le Pen.

Si como sociedad nos moviéramos en estos parámetros, además de cambiar nuestro devenir socio-económico, cambiaría la escala de valores que nos mueve hoy día y la que legaríamos a las generaciones venideras. Hay alternativas. Ahora lo que hace falta es voluntad para cambiar.


(Artículo publicado en EL CORREO y EL DIARIO VASCO el 10.02.17)

martes, 29 de noviembre de 2016

Rita Barberá y el pacto anticorrupción

Los partidos políticos de nuestro país hablan de transparencia y piden transparencia permanentemente, sin embargo constituyen uno de los sectores más opacos de la sociedad, ignorando los códigos y prácticas de buen gobierno más elementales. En consecuencia, según los últimos datos del Eurobarómetro disponibles, los españoles son los ciudadanos de toda la Unión Europea que mayores niveles de corrupción perciben. El Índice de Percepción de la Corrupción 2015, llevado a cabo por Transparencia Internacional, sitúa a España como uno de los países “que ha tenido un mayor descenso en sus posiciones durante los últimos cuatro años”, junto con Libia, Australia, Brasil y Turquía. Y por si fuera poco, el barómetro del CIS de febrero de 2016 sitúa a la corrupción como segundo problema de los españoles, solamente por detrás del paro.

Dos brillantes académicos españoles, que proponen resetear España en su último ensayo, dicen que para terminar con la corrupción lo pertinente es legislar de manera contundente contra ella, puesto que “si no hay consecuencias, si los acusados mantienen durante mucho tiempo sus cargos, si los delitos prescriben, si no van a la cárcel o se conceden indultos, entonces la corrupción se va produciendo e instalando”. En este sentido es pertinente un pacto para que las personas imputadas (ahora investigadas) por cuestiones relacionadas con la corrupción, renuncien al cargo, independientemente de que con posterioridad puedan ser rehabilitados.

Precisamente, en las medidas contra la corrupción que aparecen el acuerdo firmado por Ciudadanos y el PP para que los primeros invistieran a Rajoy como presidente, se contemplaba literalmente la “separación inmediata de cualquier cargo público que haya sido imputado formalmente por delitos de corrupción política hasta la resolución completa del procedimiento judicial”. 

Apenas unos días después de haber firmado este acuerdo, y al hilo de un caso concreto de imputación por corrupción de un recientemente elegido diputado popular, este empezó a ponerse en cuestión. Y el viernes, tanto por parte del nuevo portavoz del Gobierno, como por parte de portavoz parlamentario popular, esa  prerrogativa del pacto saltó por los aires, puesto que, según puede colegirse de sus declaraciones, la falta de respeto a la presunción de inocencia hacia Rita Barberá es lo que ha ocasionado su muerte.

No entraré en disquisiciones sobre las implicaciones del tipo de vida que llevaba la señora Barberá, que descanse en paz. Pero no tiene un pase que, con la que viene cayendo en los últimos años y a la luz de los datos que se citan al inicio de este artículo, ahora el PP quiera aprovechar esta desgracia para recular en una cuestión clave para la imprescindible regeneración de la democracia en nuestro país.

La necesidad de mayor transparencia, junto con la inclusión de políticas de reforma en la democracia interna en los partidos políticos, son dos de las más señaladas como medidas a tomar para combatir y prevenir la corrupción. Hay una tercera propuesta que se está abriendo camino en otros países: la que plantea que los delitos por corrupción no prescriban a efectos de representación pública.

En una reciente investigación que estoy llevando a cabo en torno a la desafección política en nuestro país, me he entrevistado con cuatro grupos de militantes de dos formaciones políticas de ámbito nacional en Euskadi, La Rioja, Extremadura y Catalunya.

Por edad, por región, por sexos o por partido de pertenencia, todos los militantes están totalmente de acuerdo con que los condenados por corrupción no concurran a las elecciones. Además, tomados en conjunto, 9 de cada 10 militantes está totalmente de acuerdo con la propuesta de que los imputados por corrupción no puedan ir en las listas electorales. Finalmente, la militancia de ambos partidos respalda, casi unánimemente, la idea de que quienes hayan sido condenados por delitos de corrupción no pueda concurrir nunca más en una lista electoral.

Las sociedades donde la corrupción no prospera son aquellas en las que se ataja con contundencia la corrupción (aunque sea “blanda”) en cuanto asoma, pero el problema de extender esta idea del control social que los valores dominantes de esas sociedades ejercen sobre la corrupción supone un reto: cambiar la mentalidad de todo un país. Y ese cambio es de doble dirección, desde la perspectiva de los gobernantes y también desde la perspectiva ciudadana.

Se trata de no cobijarse bajo el argumento de que somos personas y hay de todo entre nosotras. La ciudadanía gobernada también tiene su papel en esta recuperación de la confianza, puesto que, como dice Muñoz Molina “cuando la barbarie triunfa no es gracias a la fuerza de los bárbaros sino a la capitulación de los civilizados”. Parece que en el bando de los gobernados civilizados las cosas están claras. No parece, sin emargo, que los gobernantes civilizados tengan la intención de representarnos adecuadamente en esta materia. ¿Es que acaso alguien pensaba que iban a cambiar?



(Artículo publicado en la edición impresa de El Correo, 29.11.16)