El verdadero fraude




A la vista de unas elecciones próximas, siempre hay algún listo que coloca un debate sobre la mesa para que este ronde en torno a sus presupuestos ideológicos e intereses políticos. El de las ayudas sociales y la nacionalidad de sus perceptores es uno muy del gusto de nuestra derecha patria. El Partido Popular está dispuesto incluso a salir a la calle a reclutar firmas para una Iniciativa legislativa Popular (ILP), al objeto de cambiar el actual sistema de ayudas.

A semejanza de la abeja y del escarabajo pelotero, las personas tenemos la capacidad de convertir en bueno lo malo y en malo lo bueno. La referida iniciativa política ejemplifica a la perfección la forma en la que somos capaces de convertir en malo (la xenofobia) algo que en sí mismo es bueno (la solidaridad).

Es razonable y justo introducir sistemas más eficaces de control en las ayudas sociales, independientemente del origen territorial de quien las cobre, para tratar de evitar el fraude. Pero la iniciativa lanzada por los populares vascos, al menos en los términos en los que se ha planteado, también es un fraude que habría que evitar.

Por las formas, no es de recibo que un partido político con representación parlamentaria y, por tanto, con capacidad para registrar por sí solo una iniciativa legislativa, se acoja a un instrumento legal creado para ser utilizado por la ciudadanía, como es la ILP.

No es de recibo porque el verdadero objetivo de la iniciativa no parece ser “modificar el injusto sistema de ayudas sociales” y “hacer que todos los partidos se posicionen”, sino más bien agitar las más bajas pasiones de una población azotada por la crisis, con un objetivo exclusivamente electoralista.

Y tampoco es de recibo, aunque esto sea harina de otro costal, la timorata reacción de aquellas formaciones políticas que deberían defender con uñas y dientes la justicia social, pero presentando nuevas y valientes fórmulas orientadas hacia la construcción de un nuevo modelo económico y social.

Hasta aquí, las formas. Pero entrando en el fondo de la cuestión, si importante es poner medios para atajar el fraude en las ayudas sociales, que lo es, más prioritario debería ser poner en marcha medidas ejecutivas para terminar con el fraude fiscal. Los datos hablan por sí solos. El pasado año gastamos en Euskadi en torno a 450 millones de euros entre la Renta de Garantía de Ingresos, el Complemento de Vivienda y las Ayudas de Emergencia social. Suponiendo que el 60% de tales ayudas fuesen fraudulentas (algo muy alejado de la realidad), estaríamos hablando de un fraude de 250 millones. Esta cifra supondría una décima parte del fraude fiscal estimado en Euskadi, que asciende a 2.500 millones. Más o menos esa cantidad, 2.500 millones, es el presupuesto que destinamos aquí a la Educación. ¿Alguien se apunta a impulsar una ILP para luchar de forma más eficaz “contra el injusto fraude” fiscal?

Efectivamente, no es razonable que haya quienes perciben 800 ó 900 euros al mes sin trabajar, mientras otras personas ganan cantidades similares trabajando 40 horas semanales. Pero no deberíamos poner el foco en la supuestamente abultada cuantía de las percepciones sociales, porque todos sabemos lo difícil que es pasar un mes con esas cantidades. Deberíamos hacer hincapié en el verdadero problema a este respecto: en España el sueldo medio bruto mensual es de poco más de 1.600€, mientras que en Austria es de 2.056€, en Alemania de 2.574€ y en Dinamarca de 3.739€. Todos sabemos que en España, en Euskadi, en nuestras ciudades y pueblos, hay ingenieros informáticos, profesionales del periodismo o de la abogacía que no llegan a mileuristas; eso si tienen la suerte de trabajar. Pongamos el foco ahí, en la verdadera injusticia. ¿Nos juntamos unos cuantos miles de ciudadanos y presentamos una ILP instando a que el sueldo medio bruto de nuestro país esté en la media de la Unión Europea?

En España, según Cáritas, un 20% de nuestros conciudadanos pasa todo el año con unos 7.350€, y otro 6% no llega a percibir 3.700€. Esto es, una cuarta parte de la población vive en pobreza relativa o en pobreza severa. Mientras tanto, según otro informe hecho público esta misma semana, ahora mismo hay 465.000 españoles ricos, con un patrimonio superior a 790.000€; 90.000 ricos más que el año pasado. Nadie sabe cuándo saldremos de la crisis en la que nos sumieron la especulación y las políticas extremas de austeridad, pero sí parece claro cómo saldremos de ella: con un mayor número de pobres y con un mayor número de ricos. ¿Qué tal si impulsamos una ILP de erradicación de la pobreza y la desigualdad en nuestro país “para que se posicionen todos los partidos políticos”?

Según los estudios del Centro de Investigaciones Sociológicas, “la política y los políticos” son el tercer problema del país, después del desempleo y la corrupción. El verdadero fraude es el de la inquietud intelectual y el nivel político de buena parte de nuestros gobernantes.


(Publicado en DV el 22.10.14) 

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