Infanta "que no habla"
La denominación latina INFANS, de la que proceden derivados como infantil o Infanta, significa literalmente “el que no habla”. Según "Invitación a la lingüística", publicación coordinada por M.Victoria Escandell, "la posesión del lenguaje divide a los seres en dos grupos separados". Y así es, por lo que se ve, porque mientras algunos (los buenos políticos, los justos, la ciudadanía en general,...) tienen que dar explicaciones hasta por las cuestiones que escapan a su responsabilidad, otros (los malos políticos, los pecadores, la Infanta,...) al parecer no deben darlas ni por las cosas que suceden dentro de los muros de su propia casa. Efectivamente, no tendría sentido que "el que no habla" fuera imputado, imputada en este caso...
Y esto de no dar explicaciones, de no dar cuenta a la ciudadanía, no es una buena cosa, porque contribuye a engordar el sentimiento ciudadano de desafección hacia el sistema. Es verdad que esta desafección se debe, en gran medida, a la situación de crisis y desempleo galopante que vivimos. Pero no se puede permanecer en silencio cuando las principales instituciones del Estado están siendo percibidas como un problema para la ciudadanía cuando, serie a serie, los estudios del CIS indican que los símbolos de la estabilidad y perdurabilidad del sistema ideado y acordado en la Transición (partidos, autonomías, monarquía,...), inspiran más desconfianza que nunca.
Pero volviendo a las posesiones que dividen a los seres humanos en dos grupos separados, al parecer acabamos de descubrir otra: la de tener la capacidad de que la Fiscalía y la Abogacía del Estado pidan le defiendan a uno cuando es imputado por un juez. Inaudito.
Efectivamente, soy de los que cree que hay que hacer pedagogía, transmitir y pedir la confianza de la ciudadanía hacia las instituciones, hacia la Justicia en este caso. Y creo también en gran medida en el sistema judicial a nivel general. Pero cuando las líneas que separan al Legislativo, al Ejecutivo y al Judicial son tan difusas como en algunos de los casos que venimos observando en los últimos meses, crecen la desconfianza y la desafección. Como cuando no se habla.
Y esto de no dar explicaciones, de no dar cuenta a la ciudadanía, no es una buena cosa, porque contribuye a engordar el sentimiento ciudadano de desafección hacia el sistema. Es verdad que esta desafección se debe, en gran medida, a la situación de crisis y desempleo galopante que vivimos. Pero no se puede permanecer en silencio cuando las principales instituciones del Estado están siendo percibidas como un problema para la ciudadanía cuando, serie a serie, los estudios del CIS indican que los símbolos de la estabilidad y perdurabilidad del sistema ideado y acordado en la Transición (partidos, autonomías, monarquía,...), inspiran más desconfianza que nunca.
Pero volviendo a las posesiones que dividen a los seres humanos en dos grupos separados, al parecer acabamos de descubrir otra: la de tener la capacidad de que la Fiscalía y la Abogacía del Estado pidan le defiendan a uno cuando es imputado por un juez. Inaudito.
Efectivamente, soy de los que cree que hay que hacer pedagogía, transmitir y pedir la confianza de la ciudadanía hacia las instituciones, hacia la Justicia en este caso. Y creo también en gran medida en el sistema judicial a nivel general. Pero cuando las líneas que separan al Legislativo, al Ejecutivo y al Judicial son tan difusas como en algunos de los casos que venimos observando en los últimos meses, crecen la desconfianza y la desafección. Como cuando no se habla.
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