Autogobierno hacia adentro
El pasado martes, 15 de mayo, con tiempo suficiente por delante en la legislatura, se abrió el plazo para que los grupos parlamentarios presentemos enmiendas a la Ley municipal de Euskadi, para desarrollar y culminar la institucionalización de esta país o, en otros términos, el autogobierno hacia adentro que hemos propugnado siempre desde el PSE-EE y es un compromiso del Gobierno Vasco liderado por el Lehendakari Patxi López. En el próximo mes veremos con nitidez quiénes quieren sacar adelante esta ley y si, de una vez por todas, dejamos de tener el dudoso honor de ser la única Comunidad del Estado sin ley municipal.
Empezaré por hacer dos afirmaciones. La primera: tenemos un entramado institucional complejo. Para 2,2 millones de habitantes, disponemos de hasta cuatro niveles institucionales (Gobierno y Parlamento, tres Diputaciones y tres Juntas Generales, 251 Ayuntamientos y hasta Cuadrillas). Además, como han puesto de manifiesto diferentes estudios (el de la UPV-EHU dirigido por el profesor Serrano en 2005, o el llevado a cabo el pasado año por el Gobierno Vasco), existe un afán competitivo-expansivo entre las diferentes instituciones, lo que provoca en no pocas ocasiones duplicidades e ineficiencias.
Segunda afirmación: el autogobierno vasco no se ha desarrollado hacia adentro adecuadamente. La autonomía se modela en la Constitución en 1978, se define en el Estatuto en 1979, y se empieza a desarrollar hacia adentro a través de la ley de territorios históricos de 1983. Hasta ahí. Formalmente con esta Ley de Territorios Históricos, se culmina el autogobierno, que instaura una suerte de modelo confederal, basado en la bilateralidad interna entre instituciones comunes y forales y con el Estado. Pero en realidad, no hemos desarrollado el autogobierno hasta el final, como la carencia de una Ley Municipal nos está indicando.
Ante esto, el Gobierno del lehendakari Patxi López – de la mano del Grupo Socialista – tomó la iniciativa y, por mandato del Parlamento, propuso la constitución de una comisión para analizar las duplicidades e ineficiencias en el entramado institucional vasco, con el objetivo de mejorar el servicio a la ciudadanía.
Pero es que además, reconociendo la mayoría de edad de los ayuntamientos, ha traído al Parlamento una ley municipal. Una ley que supondría la culminación del desarrollo estatutario hacia adentro y que nos permitiría, con calma, iniciar la revisión de todo nuestro marco normativo tras 30 años de autogobierno vasco. Una ley con tres contenidos esenciales: un catálogo de las posibles competencias de los municipios, el derecho a su participación con voz y voto en el Consejo Vasco de Finanzas, así como la garantía de una financiación estable, para que los ayuntamientos puedan atender las políticas sociales y de bienestar que les reclaman los ciudadanos: sea en la gestión de las ayudas sociales, en materia de vivienda, de juventud, de empleo y tantas otras cuestiones que la gente reclama en primera instancia a sus representantes municipales.
Se puede afirmar, por tanto, sin incurrir en el propagandismo, que nuestro compromiso con el desarrollo interno del Estatuto y la ley municipal es claro y está cumplido. El Gobierno ha impulsado la revisión del marco jurídico “ad intram” y ha traído al Parlamento la ley que nos falta. Y la ha traído, además, después de un diálogo intenso con los propios ayuntamientos, con las aportaciones que éstos han podido hacer y con los amplios consensos alcanzados por el Ejecutivo con el ámbito municipal, a través de EUDEL.
Por eso, la tramitación de esta Ley ha experimentado demoras con respecto a las previsiones iniciales del Gobierno. Demoras que, además de justificables, son mínimas considerando que esta Ley ha tardado treinta años en remitirse, en tiempo y forma, al Parlamento Vasco. Y ha llegado de la mano del Gobierno socialista. Y considerando, igualmente, que tenemos un espacio de tiempo considerable para sacarla adelante, si existe realmente voluntad política para ello en los grupos de la oposición. La misma, al menos, que ha mostrado este Gobierno, que ha hecho de la aprobación de esta Ley una de las razones para agotar la legislatura.
Ha llegado el momento de que cada cual muestre las claras su compromiso, sin escudarse en eufemismos y excusas competenciales diversas; entre otras razones, porque el máximo órgano a este respecto (Comisión Arbitral) ya ha dictaminado que el proyecto de ley no invade competencias de las instituciones forales..
Si la mayoría así lo quiere, podemos aprobar esta ley en el Parlamento en un par de meses. Es sólo cuestión de voluntad política. Y, sobre todo, es hora de hablar claro. Nosotros lo hemos hecho y, además, lo hemos escrito.
El 1 de abril de 2009, nos comprometimos con el "Desarrollo interno del autogobierno, buscando el consenso interinstitucional para dotar a los Ayuntamientos de competencias claras y recursos financieros para garantizar la adecuada prestación de los servicios que la sociedad demanda. Para ello procederemos a la aprobación de la ley municipal". Pero lo relevante no es que esto lo escribiésemos nosotros, sino que este texto lleva la firma del PP, porque es parte del Acuerdo de Bases para el Cambio que llevó a Patxi López a la Lehendakaritza. Por tanto, cabe preguntar si el PP, además de querer cambiar de socios, ha cambiado de ideas en tan corto espacio de tiempo.
Y cabe preguntarse, igualmente, si el PNV sabrá estar a la altura de sus propios alcaldes y alcaldesas y de sus representantes en EUDEL, que, al igual que los alcaldes socialistas, han venido reclamando reiteradamente la aprobación de la Ley. Porque a todos, socialistas y nacionalistas, les urge disponer de competencias claras y de recursos para proporcionar los servicios que les reclaman sus vecinos.
Publicado en El Mundo - País Vasco (20.05.12)
Empezaré por hacer dos afirmaciones. La primera: tenemos un entramado institucional complejo. Para 2,2 millones de habitantes, disponemos de hasta cuatro niveles institucionales (Gobierno y Parlamento, tres Diputaciones y tres Juntas Generales, 251 Ayuntamientos y hasta Cuadrillas). Además, como han puesto de manifiesto diferentes estudios (el de la UPV-EHU dirigido por el profesor Serrano en 2005, o el llevado a cabo el pasado año por el Gobierno Vasco), existe un afán competitivo-expansivo entre las diferentes instituciones, lo que provoca en no pocas ocasiones duplicidades e ineficiencias.
Segunda afirmación: el autogobierno vasco no se ha desarrollado hacia adentro adecuadamente. La autonomía se modela en la Constitución en 1978, se define en el Estatuto en 1979, y se empieza a desarrollar hacia adentro a través de la ley de territorios históricos de 1983. Hasta ahí. Formalmente con esta Ley de Territorios Históricos, se culmina el autogobierno, que instaura una suerte de modelo confederal, basado en la bilateralidad interna entre instituciones comunes y forales y con el Estado. Pero en realidad, no hemos desarrollado el autogobierno hasta el final, como la carencia de una Ley Municipal nos está indicando.
Ante esto, el Gobierno del lehendakari Patxi López – de la mano del Grupo Socialista – tomó la iniciativa y, por mandato del Parlamento, propuso la constitución de una comisión para analizar las duplicidades e ineficiencias en el entramado institucional vasco, con el objetivo de mejorar el servicio a la ciudadanía.
Pero es que además, reconociendo la mayoría de edad de los ayuntamientos, ha traído al Parlamento una ley municipal. Una ley que supondría la culminación del desarrollo estatutario hacia adentro y que nos permitiría, con calma, iniciar la revisión de todo nuestro marco normativo tras 30 años de autogobierno vasco. Una ley con tres contenidos esenciales: un catálogo de las posibles competencias de los municipios, el derecho a su participación con voz y voto en el Consejo Vasco de Finanzas, así como la garantía de una financiación estable, para que los ayuntamientos puedan atender las políticas sociales y de bienestar que les reclaman los ciudadanos: sea en la gestión de las ayudas sociales, en materia de vivienda, de juventud, de empleo y tantas otras cuestiones que la gente reclama en primera instancia a sus representantes municipales.
Se puede afirmar, por tanto, sin incurrir en el propagandismo, que nuestro compromiso con el desarrollo interno del Estatuto y la ley municipal es claro y está cumplido. El Gobierno ha impulsado la revisión del marco jurídico “ad intram” y ha traído al Parlamento la ley que nos falta. Y la ha traído, además, después de un diálogo intenso con los propios ayuntamientos, con las aportaciones que éstos han podido hacer y con los amplios consensos alcanzados por el Ejecutivo con el ámbito municipal, a través de EUDEL.
Por eso, la tramitación de esta Ley ha experimentado demoras con respecto a las previsiones iniciales del Gobierno. Demoras que, además de justificables, son mínimas considerando que esta Ley ha tardado treinta años en remitirse, en tiempo y forma, al Parlamento Vasco. Y ha llegado de la mano del Gobierno socialista. Y considerando, igualmente, que tenemos un espacio de tiempo considerable para sacarla adelante, si existe realmente voluntad política para ello en los grupos de la oposición. La misma, al menos, que ha mostrado este Gobierno, que ha hecho de la aprobación de esta Ley una de las razones para agotar la legislatura.
Ha llegado el momento de que cada cual muestre las claras su compromiso, sin escudarse en eufemismos y excusas competenciales diversas; entre otras razones, porque el máximo órgano a este respecto (Comisión Arbitral) ya ha dictaminado que el proyecto de ley no invade competencias de las instituciones forales..
Si la mayoría así lo quiere, podemos aprobar esta ley en el Parlamento en un par de meses. Es sólo cuestión de voluntad política. Y, sobre todo, es hora de hablar claro. Nosotros lo hemos hecho y, además, lo hemos escrito.
El 1 de abril de 2009, nos comprometimos con el "Desarrollo interno del autogobierno, buscando el consenso interinstitucional para dotar a los Ayuntamientos de competencias claras y recursos financieros para garantizar la adecuada prestación de los servicios que la sociedad demanda. Para ello procederemos a la aprobación de la ley municipal". Pero lo relevante no es que esto lo escribiésemos nosotros, sino que este texto lleva la firma del PP, porque es parte del Acuerdo de Bases para el Cambio que llevó a Patxi López a la Lehendakaritza. Por tanto, cabe preguntar si el PP, además de querer cambiar de socios, ha cambiado de ideas en tan corto espacio de tiempo.
Y cabe preguntarse, igualmente, si el PNV sabrá estar a la altura de sus propios alcaldes y alcaldesas y de sus representantes en EUDEL, que, al igual que los alcaldes socialistas, han venido reclamando reiteradamente la aprobación de la Ley. Porque a todos, socialistas y nacionalistas, les urge disponer de competencias claras y de recursos para proporcionar los servicios que les reclaman sus vecinos.
Publicado en El Mundo - País Vasco (20.05.12)
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