Al rincón de pensar

"Al rincón de pensar" es el título del espacio de la contraportada del DIARIO NOTICIAS DE ÁLAVA en el que escribiré cada semana. Trataré de hablar de asuntos relacionados con la política, con la empresa y con la sociedad en general: nuestros valores, nuestro (in)civismo, nuestra manera de afrontar los tiempos que vivimos, etc. Espero que sea un espacio ameno y, sobre todo, que aporte, que ayude a pensar.

Mi estreno versa sobre un asunto que ya traté - de forma más extensa - hace unos meses, pero que rescato hoy al calor de la actualidad.

IMPUTADOS POR CORRUPCIÓN

Las relaciones en una sociedad democrática se establecen de acuerdo a mecanismos contractuales. El 74% de la ciudadanía vasca está insatisfecha con el funcionamiento de nuestra democracia y con los comportamientos que esta ha cobijado.

Hoy, observando los datos, es ineludible alumbrar un nuevo contrato social, basado en la transparencia, en la democratización de las estructuras partidarias e institucionales y en la dación de cuentas. Pero además hace falta otra reforma que no requiere de ningún tipo de regulación. Porque, a diferencia de lo que ocurre, la ética y decencia deberían estar en el ADN de una sociedad democrática, particularmente de sus representantes.

En las recientes elecciones locales decenas de candidatos y concejales que querían ser reelegidos –no solo del PP- se presentaron ante la ciudadanía con causas judiciales relacionadas con la corrupción abiertas. Ni las leyes actuales ni los códigos éticos de la mayoría de los partidos, excluyen a estas personas de la posibilidad de formar parte de una lista electoral. El hecho de que una persona resulte imputada, no significa que haya cometido ningún delito. La imputación da una mayor protección a la persona imputada, tanto, que no está obligada a decir la verdad en el proceso judicial en el que se vea implicada, a diferencia de quien sea testigo.

Pero, ¿es ético y/o decente que un cargo o un candidato pueda mentir para protegerse en un proceso judicial sobre corrupción, sin dejar de ser cargo o candidato? Creo que no. Un cargo público que esté imputado debe dimitir, y defenderse en el proceso como cualquier otro ciudadano, individualmente, no amparado por un partido. Y, por supuesto, también creo que alguien en estas circunstancias puede estar en una lista electoral.

Cuando las y los representantes no se mueven en los mismos registros que la ciudadanía representada, nuestro contrato social se resquebraja. Y en esas estamos.