Valentía, claridad y voluntad

Según el Eurobarómetro de diciembre pasado, apenas el 25% de la ciudadanía de España, Portugal, Italia, Grecia o Reino Unido, entre otros países, considera que su voz “cuenta en la Unión Europea”. Si preguntásemos al mismo universo si “¿Está usted a favor del derecho a decidir su futuro?”, estoy convencido de que el porcentaje de respuestas afirmativas rondaría el 90%.

Porque planteado en genérico, es muy difícil posicionarse en contra del “derecho a decidir”. Y lo cierto es que cuando se plantea, casi nunca se aclara quién sería el sujeto que ejercitaría tal “derecho” y tampoco se menciona el objeto del mismo. Sin aclarar ni el “quiénes”, ni el “qué”, el “derecho a decidir” significa todo y nada al mismo tiempo. Y, por desgracia, en este país es así como abordamos el asunto, lo que no ayuda demasiado a poner las bases para solucionar un problema que, existir, existe. Y a él me referiré.

Una vez superada la existencia activa de una banda terrorista que decía defender algunas ideas mediante el ataque violento, el chantaje y el asesinato, lo que suponía el principal escollo para una discusión racional sobre la materia, ha llegado el momento de ponerse a la tarea. Es el momento de hacerlo con valentía, reconociendo que en España tenemos un problema, un “problema político”, como dijo el Secretario General del PSOE, en los días previos a la pseudo-consulta celebrada en noviembre en Catalunya.

Algunos nacionalismos periféricos, así como otra serie de movimientos, cuestionan la soberanía nacional acotada en la Constitución Española, de forma intermitente, desde el día de su aprobación. Y ante este hecho, en versión agravada en el último lustro, tenemos a unas instituciones del Estado que permanecen en la inacción, cuando no en la resignación. A tal punto es nefasta la gestión de esta materia por parte de los principales responsables del país, que, incluso para quienes creemos en él, se hace difícil defender al Estado.

Somos muchos los que pensamos que ante semejante realidad, se debe dotar al Estado de Derecho de instrumentos que permitan medir la dimensión real del cuestionamiento de la soberanía a través de un procedimiento de consulta dentro de la ley.

Pero para caminar en esa dirección, además de valentía, hace falta claridad. Como los profesores Arregui y Ruiz Soroa explican en el último libro impulsado por la Fundación Onaindia (“¿Es posible regular la secesión aquí y ahora?”, Tecnos, 2014), la clarificación en este asunto da altura al debate y, además, también supone una oportunidad para la unión.

Vivimos en un país internacionalmente reconocido como democrático. Y en toda democracia existe el derecho ciudadano a que sea escuchada cualquier reivindicación que se formule pacíficamente. Y, sobre todo, debe haber cauces para la tramitación de tal reivindicación al alcance de la minoría que mantiene tal reivindicación.

En este sentido, y con total claridad, existe una reivindicación de independencia – con mayor o menor intensidad – en Catalunya y Euskadi. Es un derecho el poder reivindicarla. Como también existe el derecho a obtener una respuesta fundamentada, que es lo que no está ocurriendo en nuestro país, lo que resta legitimidad democrática al propio Estado.

Lógicamente, para que este proyecto pudiera sustanciarse en el marco de la ley, la ley habría de ser cambiada. Y no me refiero a una reforma constitucional, asunto tabú en las cuatro últimas décadas.

La Constitución española no prevé la secesión – por norma, no lo hace ninguna –, pero en la medida en que prevé su reforma, nada impide al legislador regular los trámites previos necesarios para iniciar el propio proceso de reforma. El constitucionalista Rubio Llorente mantiene esta tesis de forma bien lógica.

Una ley “procedimental” – Ruiz Soroa – que regulase todos los aspectos necesarios, incluida la consulta previa en torno al a secesión a la parte de España que así lo haya solicitado de forma clara, se antoja más necesaria que nunca. Esta propuesta ayudaría mucho a clarificar las posiciones, a que dejáramos de darle tantas vueltas al asunto y emplear el esfuerzo en otros problemas, para mí y para mucha otra gente, más acuciantes.

El impulso una ley de este tipo, además de la valentía y la claridad ya mencionadas, requeriría de voluntad política para el acuerdo. Por desgracia, de esto no andamos muy sobrados ni en España ni en Euskadi.

(Artículo publicado en EL DIARIO VASCO - VOCENTO, 19.02.15)