martes, 28 de julio de 2015

¿Candidatos imputados?

Las relaciones en una sociedad democrática se establecen de acuerdo a mecanismos contractuales. Y hoy parece ineludible la necesidad de firmar un nuevo contrato social en nuestro país. Un nuevo contrato partiendo de la premisa de que una gran mayoría de la ciudadanía cree en la democracia representativa. Pero siendo conscientes de que también una mayoría (el 74% de la ciudadanía vasca, según el Euskobarómetro recién presentado) está insatisfecha con el funcionamiento actual de nuestra democracia y con las actitudes y comportamientos que esta ha cobijado.

En mi opinión, el nuevo contrato que necesitamos debe estar basado en la transparencia, en la democratización de las estructuras partidarias e institucionales y en la dación de cuentas (o accountability). Si la ciudadanía puede tener acceso al destino de cada euro público, si tiene la certeza de que en las instituciones y en los partidos políticos se discute y decide democráticamente (a partir de formas de participación política renovadas), y si dispone de mecanismos sencillos para controlar y, en su caso, revocar a quienes nos representan, la corrupción y la política dejarían de ser dos de los principales problemas del país. Hoy en día la corrupción es el segundo problema y la política el cuarto, según el Centro de Investigaciones Sociológicas.

Por supuesto, no creo que por sí solas, reformas en clave de transparencia, de profundización democrática y de mejora de los mecanismos de dación de cuentas, fueran a cambiar de raíz la situación que vivimos y a procurar un mayor bienestar en el terreno socio-económico. Sin embargo, sí considero que son ingredientes necesarios para las recetas del progreso y el crecimiento equitativo de la sociedad del futuro.

Pero además de esta triple reforma, hace falta otra que no requiere necesariamente de ningún tipo de regulación. Porque comportarse de forma ética y decente debería estar en el ADN de una sociedad democrática, y particularmente de sus representantes. Me explicaré a través de un ejemplo de plena actualidad: la imputación por cuestiones relacionadas con la corrupción.

En las recientes elecciones locales y autonómicas decenas de candidatos y cargos institucionales que querían ser reelegidos – especialmente del PP, pero no exclusivamente del PP - se presentaron ante la ciudadanía con causas judiciales abiertas.

Las personas imputadas por actos ligados a la corrupción tienen derecho a presentarse a las elecciones. Ni las leyes actuales ni los códigos éticos de la mayoría de los partidos políticos excluyen a las personas imputadas por cuestiones relacionadas con la corrupción de la posibilidad de formar parte de una lista electoral. El hecho de que una persona resulte imputada por estas causas, no significa que haya cometido ningún delito.

La imputación es una figura en la que encaja “toda persona a la que se atribuya con mayor o menor fundamento un acto punible, permitiéndole ejercer su derecho de defensa desde el momento mismo en que se le comunique la admisión de la denuncia o querella”. Así pues, esta figura sirve para dar una mayor protección a la persona imputada, tanto, que no está obligada a decir la verdad en el proceso judicial en el que se vea implicada, a diferencia de alguien que sea llamado a declarar en calidad de testigo.

Pero, ¿es decente y/o ético que un cargo público o un candidato pueda mentir para protegerse en un proceso judicial relacionado con la corrupción, sin dejar de ser cargo público o candidato? Yo creo que no. Un cargo público que esté imputado debe dimitir, y defenderse en el proceso como cualquier otro ciudadano, individualmente, no amparado por un partido o un cargo institucional. Y, por supuesto, también creo que alguien imputado por estas cuestiones no puede ocupar una lista electoral.

Y no soy el único que piensa así. En una investigación que estoy realizando para una tesis sobre las razones de la desafección política, militantes de diferentes partidos políticos en cuatro Comunidades (La Rioja, Catalunya, Extremadura y Euskadi) opinan sobre esta cuestión. Y 9 de cada 10 militantes de los que he entrevistado están “totalmente de acuerdo” con la afirmación de que una persona imputada no debería formar parte de una lista electoral. Estoy convencido de que el porcentaje de gente no militante en ningún partido que piensa esto mismo será similar o incluso mayor.

La decencia y la ética no están siempre reguladas en el contrato que existe en toda sociedad. Ni siquiera es necesario que esto ocurra. Pero cuando quienes están al frente de las instituciones o de los partidos políticos – actores esenciales de nuestro sistema político, en virtud de la propia Constitución – no se mueven en los mismos registros que la sociedad a la que representan, el contrato social se resiente. Y si no acabamos con las actitudes poco éticas, lograremos acabar con el contrato social que aún hoy rige en nuestro país, aunque sea de forma precaria.



Artículo publicado en El Diario Vasco y El Correo (29.07.15)

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