miércoles, 31 de julio de 2013

La convivencia es cosa de todos


Hace apenas unas semanas el Gobierno Vasco presentaba “su” Plan de Paz y Convivencia. Un plan, en primer lugar, nuevo, diferente al presentado en la pasada legislatura por el Gobierno socialista. Y empezaré por confesar que no acabo de entender la manía que están adoptando los sucesivos Gobiernos de presentar un plan nuevo en cada legislatura. Porque el presentado por los socialistas, también venía a sustituir a otro anterior presentado por el ejecutivo de Ibarretxe.

No se me escapan las diferentes visiones que autonomistas y abertzales tienen en la materia de la Paz y la Convivencia. Pero es en esta materia, como en algunas otras (por ejemplo, la Educación en España), en la que se debería hacer el esfuerzo de presentar planes cuyo recorrido vaya más allá de una legislatura. Porque de entre las muchas funciones que ha de desempeñar la política, está la de anticipar el futuro y, por desgracia, asistimos en demasiadas ocasiones a una política de gestión de la contingencia, atrapada por los plazos electorales y, por tanto, sin capacidad de definir proyectos de largo alcance, que no se consideran rentables en términos electorales. Algo penoso, especialmente en este terreno, porque como los datos vienen demostrando, si hay una buena inversión para Euskadi en todos los sentidos, también en el económico, es la inversión en Paz y Convivencia.

Pero es, en segundo lugar, un plan controvertido. Y efectivamente lo es, básicamente por una razón: dice cosas con las que una parte importante de la sociedad está en perfecto acuerdo, y dice otras cosas con las que a esa misma parte de la sociedad se le ponen los pelos como escarpias. Se trataría, por tanto, de un plan “bienqueda”, y ya se sabe que cuando se intenta contentar a todos, lo que se suele conseguir es justo lo contrario.

Más allá de las cuestiones de forma, en los contenidos del plan presentado por el Gobierno Vasco sí hay un aspecto que muchos agentes político-sociales han reconocido como bueno: se plantea tomar iniciativas desde Euskadi para contrarrestar el parón – cuando no, boicoteo indisimulado – que el Gobierno del PP está imprimiendo a esta materia.

Tras décadas de esfuerzo democrático y tres procesos de paz dinamitados con otros tantos atentados, como rezaba el último grito de la ya disuelta organización Gesto por la Paz, lo hemos conseguido. Es verdad que ETA no se ha disuelto ni ha entregado las armas, y es verdad que la izquierda abertzale tiene mucho camino por recorrer para estar homologada plenamente como una fuerza democrática dotada de legitimidad en el conjunto del cuerpo electoral. Pero también es cierto que llevamos 20 meses de paz y tranquilidad en Euskadi, y el Gobierno de Rajoy no ha tomado ni una sola medida para consolidar un escenario que, aunque no parece reversible, si podría complicarse.

Hemos conseguido la paz. Ahora le toca a la política actuar. Desde el conjunto de España y en Euskadi. Y, empezando por España, no es comprensible que se dificulte una vía de reinserción de presos etarras como la vía Nanclares que, además de tener efectos beneficiosos sobre los reos y sus víctimas, contribuye sobremanera a deslegitimar los argumentos de la banda hacia los que considera “sus” presos. No es de recibo que el Gobierno de España se niegue a dialogar con los diferentes agentes que están trabajando discreta e incuestionablemente para que la disolución de ETA se produzca. No es razonable que los representantes vascos del partido del Gobierno se nieguen a hablar con quienes, tras haber asumido la ley de Partidos y el rechazo al terrorismo en los Estatutos de su nueva formación política legalizada por el Tribunal Constitucional, hoy ocupan casi un tercio de los escaños del Parlamento Vasco. Y es intolerable que el Gobierno de España se dedique a confrontar con el vasco en esta materia, como ha hecho estos días a cuenta del memorial de las víctimas.

En toda España, pero sobre todo en Euskadi, el recorrido para la consecución de la paz ha sido muy duro. Pero atravesado lo más duro, tenemos que poner en el objetivo la convivencia, que probablemente será lo más difícil. Porque hará falta valentía, acabar con prejuicios atávicos y, sobre todo, mucha innovación para que quienes encontraron en el terror el sentido a sus vidas, reconozcan el daño causado; para que quienes han crecido en el odio hacia nuestras instituciones, reconozcan ahora la legitimidad plena de las mismas; para que admitamos indubitadamente que no hay atajos en la lucha contra el terrorismo y que hay que aclarar las situaciones en las que estos fueron empleados.

No, el camino no va a ser nada fácil. Máxime, cuando debemos recorrerlo entre todos, porque la convivencia es cosa de todos. Conociendo la sociedad vasca, me cuesta mucho pensar en un camino hacia convivencia con el PP en la cuneta; como tampoco veo ese camino dejando de lado a la izquierda abertzale.

Pero, ¿por dónde empezar? Pues quizás, por lo más básico. Teniendo en cuenta los dos déficits que achacaba en el inicio al plan presentado por el Gobierno de Urkullu, probablemente lo más inteligente pensando en el futuro, sea presentar propuestas menos ambiciosas, lo que hará que el acuerdo pueda ser menos difícil y, por tanto, haya margen para darles un recorrido temporal más allá de una legislatura.

Y en el terreno de lo básico, hay ya algunas cosas hechas que deberíamos aprovechar. En el Parlamento Vasco se alcanzó un acuerdo de fondo el pasado verano, en el que una mayoría aplastante de los representantes de soberanía popular – por entonces no estaba presente EHBILDU – hicieron suyos dos principios: la necesidad de una paz con memoria y la garantía de no repetición. Esos principios, constituyen a mi juicio un suelo ético que los que estaban, los que están y los están por llegar a las instituciones, tendrán que pisar en el camino hacia la convivencia del futuro.

Como consecuencia de las dificultades que EHBILDU parece estar poniendo para la asunción integral del desarrollo de ambos principios, el foro parlamentario en el que se discuten estos asuntos en Euskadi corre el riesgo de entrar en una vía muerta, algo que sería un desastre, máxime si lo sumamos a la posición del Gobierno de España ya descrita y a la indiferencia cuasi absoluta de una sociedad que, por suerte o por desgracia, hace tiempo que ha pasado página.

Por tanto, cabe reclamar a la izquierda abertzale, que procure con sus hechos acabar con los lógicos recelos que el resto de formaciones tienen hacia su conducta. Y también cabría pedir al resto de formaciones políticas que enciendan las luces largas que les permitan observar los avances que, siquiera tímidamente o entre líneas, se están produciendo en el sentido del reconocimiento del daño causado y de su responsabilidad por parte de quienes tanto daño han hecho a la sociedad.

Se trata de que se sigan dando pasos, desde España o desde Euskadi o, mejor aún, desde ambos ámbitos a la vez. Y se están dando. Cierto es que son solo los primeros en el largo camino hacia un futuro diferente, hacia el futuro mejor. Un futuro en el que el debate público en Euskadi esté centrado en temas distintos al que ha consumido la mayor parte de la energía de varias generaciones. Un futuro en el que la izquierda y la derecha confronten democráticamente, dejando atrás el eje de discusión nacional, y en el que podamos asistir a la formación de otros gobiernos, gobiernos "normales" (hoy impensables) entre PP y PNV o entre el PSE-EE y la izquierda abertzale en nuestros ayuntamientos y en las instituciones comunes. Un futuro perpetuamente iluminado por la memoria y la voluntad de no repetición, que impida que vuelvan a aparecer las sombras que nos han impedido vernos y reconocernos en las últimas cuatro décadas.


(Artículo publicado el 16.07.13 en AGENDA PÚBLICA)






domingo, 21 de julio de 2013

¡Chivaos!


Se dice que somos un país de envidiosos. Yo no diría tanto. Sin embargo, a la luz de los discursos de los principales responsables institucionales, económicos y sociales, sí nos gusta compararnos, evocando las bondades de otros países a los que nos gustaría parecernos.

Así, por ejemplo, se suele escuchar que para converger con los países más avanzados de la UE debemos poner en práctica una fiscalidad más justa. No les falta razón a quienes lo dicen. Mientras que en España los ingresos públicos totales por habitante en 2011 fueron de unos 8.200 euros (35% del PIB), en Dinamarca, Suecia o Finlandia fueron de 24.000 (56% del PIB), 21.000 (52%) y 19.000 (53% del PIB), respectivamente. Un abismo.

Escuchamos, por ejemplo, que tenemos mucho camino que recorrer para asimilarnos a nuestros admirados países nórdicos en términos de confianza en las instituciones. Tampoco van mal encaminados quienes afirman tal cosa, porque según el último Eurobarómetro, mientras que en España quienes tienden a desconfiar del Parlamento son el 85%, en Suecia, Holanda o Dinamarca, por el contrario, quienes tienden a confiar en él representan el 68%, 53% y 46% respectivamente. Otro abismo.

Y también se escucha, se habla, se escribe y se propone cada vez más, que deberíamos luchar más y mejor contra la corrupción, así como mejorar nuestro sistema político. Efectivamente, la corrupción y la política son, según la sociedad española, el tercer y cuarto problema que tenemos, algo que también nos diferencia de las democracias más avanzadas.

No parece haber llegado aún el momento en el que los principales actores político-social-económicos se dispongan a acordar e implementar las reformas estructurales en nuestro sistema, en el sentido que la inmensa mayoría de la población está reclamando. Más bien, parecemos encontrarnos aún en medio de un momento de cambio caracterizado por la expansión propositiva. Un período en el que las propuestas sobre transparencia, debate democrático, participación o dación de cuentas son las claves de bóveda sobre las que, desde diferentes instancias sociales, políticas, económicas o intelectuales, se plantea edificar la democracia y la política del futuro.

En mi opinión, y frente a las críticas en torno a la mayor o menor solidez de las propuestas reformistas que venimos conociendo, es saludable que esto ocurra, porque la regeneración de la política en España tiene tantos prismas, que no va a haber una propuesta mágica que acabe dando la solución en un momento concreto. Será, como anticipaba, la última parte del proceso de cambio en cuyo epicentro nos encontramos.

Y yo, como firme partidario de la expansión propositiva, me sumo al debate. Pero en esta ocasión, lejos de las claves de bóveda sobre las que giran todas las propuestas.

Describía al inicio algunas de las diferencias abismales que nos separan con nuestros países admirados. Pero hay una gran diferencia más que quiero resaltar. Es una diferencia doble basada en convenciones sociales: la sobrevaloración de la picaresca y la infravaloración del chivato.

Desde la infancia vamos aprendiendo a ser pícaros, se nos inculca una forma de hacer las cosas para obtener un mayor rendimiento con el menor esfuerzo posible. También desde la infancia, en nuestro país se nos enseña a no ser chivatos y, sobre todo, a criticar y aislar socialmente a quien se chiva.

Sin menospreciar las que mencionaba al principio, considero que si fuéramos capaces de erradicar esta última doble diferencia, aportaríamos en gran medida la solución al tercer y cuarto problema de nuestra sociedad. Aquí y ahora es inconcebible que un Ministro dimita por haber empleado la picaresca de falsificar su currículum; o que a uno le echen la bronca en público por saltarse un semáforo de peatones delante de un niño y a la vista de un policía que procederá a sancionar al infractor. Ambas cosas llevan décadas ocurriendo en otras latitudes, empero.

Piense el lector en las consecuencias que la sobrevaloración de la picaresca y la infravaloración del chivato tienen para ralentizar la lucha contra la corrupción o el reseteo del bloqueado sistema político. Si nosotros y nuestros representantes, que son un reflejo de la sociedad, debemos/deben ser pícaros, ¿cómo evitar el fraude? Y, sobre todo, si marginamos/marginan al chivato, ¿cómo esperar que haya denuncias públicas ante la corrupción, la opacidad ilegal o la degeneración democrática? Porque, por ejemplo, ¿cuántos miembros del PP sabían los de Bárcenas y la contabilidad del PP desde hace años? ¿O cuántos dirigentes sabían lo que ocurría con los ERE de Andalucía?

Desde la clásica campaña “Hacienda somos todos”, hasta las medidas que en la actualidad se están considerando como necesarias – interconexión de datos hacendísticos a tiempo real, nuevo impuesto a las transacciones financieras, etc. –, el camino para terminar con la picaresca podría estar trazado.

Pero, ¿y qué hay del chivato? Mi propuesta sería que recuperemos las acepciones que la Real Academia de la Lengua atribuye al término, todas positivas, tanto en lo referido a personas adultas como a infantes. Que lo prestigiemos, que lo pongamos en valor. Que nos convirtamos en uno de ellos en la empresa, en clase, en los partidos políticos, en las instituciones. ¡Que les dediquemos un día nacional si hace falta! Pero que se acabe ya con la impunidad de quienes infringen las normas, amparados en la seguridad que les otorga la reprobación social que recibirá quien denuncie su conducta.

jueves, 11 de julio de 2013

No hay fórmulas mágicas



Los partidos y las principales instituciones de representación y gobierno atraviesan el peor momento en los últimos 35 años en España. Pero es algo que no sólo ocurre aquí. Y sean coyunturales o estructurales los motivos, parece lógico defender que debemos innovar para obtener alguna fórmula que cierre la brecha entre la política y la voluntad popular en la que se fundamenta la legitimidad democrática.

Tal y como evolucionan las cosas, es imposible plantear un futuro con certezas sobre el sistema representativo, ni sobre si la forma de democracia que vivan nuestros biznietos se anclará sobre los partidos políticos tal y como los llevamos conociendo en el último siglo. Pero en tanto en cuanto surge lo nuevo -si es que ha de surgir-, soy partidario de redefinir o reinventar lo actual, para lo que previamente hay que pasarle revista.

De entre las muchas funciones que han de desempeñar la política y los partidos, a mi juicio, las dos principales deben ser la de mediación entre la sociedad y las instituciones, y la de anticipar el futuro. Por desgracia, asistimos a la pérdida del papel de “mediación representativa”[1] que los partidos deberían desempeñar, y vivimos una política “atrapada por los plazos electorales”[2] y, por tanto, de corto recorrido.

Pérdida de la función de mediación representativa.

Habría que preguntarse, en primer término, por las razones que han llevado a la política a no desempeñar esa función de mediación. La fundamental es que la realidad ha pasado por encima de la política. La política no ha acompañado (y menos liderado) a la sociedad en el proceso de innovación que ésta ha experimentado en las últimas décadas en materia científica, económica, de relaciones sociales, telecomunicaciones, etc.  Los partidos no han cambiado en Occidente. Quienes participaron en el sistema político e institucional justo después de la Segunda Gran Guerra podrían participar en el sistema actual sin dificultad, ya que no hay grandes diferencias en lo sustancial[3]. Y este gap se multiplica si contemplamos el hecho de que, por muchos motivos, la gente hoy espera más de la democracia que lo que esperaba en el pasado[4].
 
En el artículo 2.6 de la Constitución española se da carta de naturaleza a un sistema de partidos cuyo papel es “fundamental para la participación política”. Sea como consecuencia de la recién descrita falta de acompañamiento innovador a la sociedad, sea por otro tipo de razones, lo cierto es que los partidos han ido perdiendo ese papel. ¿Cuáles podrían ser ese otro tipo de razones que dificultan el ejercicio de mediación representativa?

He aquí algunas de las posibles razones: Una. Que, a pesar de que la mayor parte de la financiación de los partidos procede de las instituciones, son ahora mismo “uno de los sectores más opacos de la sociedad”, tal y como se fundamenta en el último informe de “Compromiso y Transparencia”[5]. Dos. Tanto si es debido al sistema de listas cerradas y bloqueadas como si se debe a la falta de sosiego que preside la toma de decisiones sobre los liderazgos, éstos acaban siendo elegidos por cooptación, y no por un sistema de sana competencia entre las personas más idóneas para desempeñar la responsabilidad en cuestión. Tres. Por la propia concepción que la sociedad tiene de los partidos y que, en ocasiones, los propios partidos tienen de sí mismos (organizaciones que no deben velar por el interés general, sino por una “fracción” del mismo), la información en torno a las decisiones que se adoptan no acaba de fluir debidamente. De esta forma, las reglas de voto se convierten en arbitrarias, puesto que al no haber información suficiente se reducen las posibilidades de elegir entre una buena y una mala candidatura. Cuatro, si los partidos tuvieran más presencia (no dirección) en los diferentes movimientos sociales, o si lo que sucediese dentro de los partidos resultase de interés para los ciudadanos y, por tanto, transcendiese públicamente, “el partido (su militancia) se convertiría en un vínculo con éstos y en instrumento de “alerta temprana” para sus dirigentes”[6].

Estas razones, acompañadas de la fundamental, abonan la tesis de la necesidad de cambiar los partidos para que recuperen su función de mediadores.

Pérdida de la función de anticipar el futuro.

“La disposición al desacuerdo, al rechazo o a la disconformidad constituyen la savia de una sociedad abierta”[7]. Así pues, en la formación de la voluntad colectiva resulta imprescindible que haya autocrítica. Pero día a día comprobamos que ésta brilla por su ausencia. La rectificación no se estila, y cuando ésta se produce (por lo general, tarde), rara es la ocasión en la que viene acompañada de una clara asunción de responsabilidades y, en su caso, de una dimisión. Ejemplos podría poner decenas, pero citaré sólo tres que hemos conocido recientemente: la histórica relación del presidente gallego con un capo del narcotráfico, la moción de censura en Ponferrada o la intentona de subida salarial en forma de dietas para los cabezas de todos los grupos parlamentarios en el Parlamento de Andalucía. En los tres casos ha habido contradicciones y rectificaciones. En ninguno ha habido asunción de responsabilidades. Y de dimisiones, ¡para qué hablar!

Además, lo apuntaba anteriormente, estamos ante un modelo de partidos en el que se premia la sumisión en un sistema de elección de cargos por cooptación. Y para que este sistema perdure, los partidos han dejado ser relevantes paralos diferentes movimientos sociales, clásicos y nuevos; se evitan los debates y la deliberación abierta; no se incentiva la innovación; y, en consecuencia, se dificulta la ideación de un proyecto de futuro alternativo ante la situación económica que vivimos.

En estas circunstancias, es lógico que “el parcheo” campe a sus anchas, que las medidas coyunturales sean lo habitual y que, en la medida en que se está demasiado pendiente de los medios de comunicación y de la última encuesta, los proyectos a largo plazo no se consideren rentables en términos electorales. Como consecuencia de todo ello, obviamente, la función de anticipar el futuro desaparece.

¿Y cómo arreglamos esto?

Hace falta construir mejor democracia, ancladar en la recuperación de sus dos funciones perdidas y en base a cuatro pilares.

Para que la política recupere su función de mediación representativahacen falta medidas de transparencia y que propicien la participación democrática. Si vivimos una crisis de confianza, el nuevo contrato sociedad-instituciones debe basarse precisamente en lo que nos puede permitir recuperarla: la transparencia. Y ésta debería traducirse en medidas concretas, como que las cuentas de los partidos y fundaciones políticas se publiquen anualmente en sus webs, que se sometan a auditorías externas y que se publiciten los informes de supervisión que el Tribunal de Cuentas hace de ellas anualmente. Como que se publicite de forma accesible y periódica la evolución de las actividades y bienes de los cargos públicos. O como que se pueda conocer el destino de los dineros públicos que reciba cualquier empresa y se pueda acceder a las declaraciones de bienes y actividades de las y los responsables de las mismas (al menos en las públicas y participadas).

Para que los partidos articulen la participación que les encomienda la Constitución “hacia afuera”, primero habrían de practicarla “hacia adentro”. Así pues, es el momento de que la jefatura de los partidos se elija mediante el sistema de primarias, se empiece a abrir camino a las listas abiertas y se establezca una frecuencia mayor en la celebración de congresos para dar más oportunidades a la renovación. Es el momento de que searbitren mecanismos de consulta a la militancia y a la sociedad de referencia (simpatizantes, votantes registrados, etc.) de cara a la toma de las decisiones más importantes. Y también es el momento de buscar un acuerdo en torno a un sistema electoral más dinámico, con una mejor representatividad del voto y desbloqueando las listas al Congreso y a los Parlamentos Autonómicos. Respecto del Senado, si no se convierten en autonómicas las circunscripciones y no se transforma ya en una Cámara de representación territorial, habría que suprimirlo.

Y para que la política recupere su función de anticipar el futuro, propongo la estimulación del debate crítico y la dación de cuentas, dos prácticas a las que acompañan la aparición de nuevos liderazgos y, sobre todo, de nuevas ideas, algo clave para interpretar las soluciones ante los problemas de una sociedad en evolución vertiginosa. Y es que las estructuras internas de la mayoría de los partidos están demostrándose obsoletas a la hora de canalizar los debates necesarios, de la sociedad hacia los partidos, y en el propio interior de los mismos.

Así pues, para provocar el espíritu crítico, sería bueno evitar los debates que giren en torno a ver quién es capaz de adular más a la dirección del partido (o del gobierno), de forma que sólo se permita intervenir para manifestar los puntos de desacuerdo y discutir sobre ellos, y para aportar nuevas ideas. Como también sería democráticamente saludable poner en marcha un mecanismo que permita la revocación de un cargo en los partidos (y en las instituciones) por mala gestión, incumplimiento de programa o de las promesas que se hicieron para acceder al cargo, permitiendo que un grupo de afiliados (o ciudadanos) que detecte una mala gestión o un incumplimiento pueda provocar la celebración de una consulta interna (o referéndum), recogiendo la firma de un porcentaje significativo de la militancia (o población).

En cuanto a la dación de cuentas, hacer “visibles” para toda la ciudadanía los cargos orgánicos e institucionales de todos los partidos políticos, las responsabilidades concretas que desempeñan y la forma de contactar directamente con ellos sin necesidad de pasar por “filtros”, sería un buen paso adelante. También lo sería el hecho de que las y los parlamentarios tuvieran oficinas de atención a pie de calle en sus respectivas circunscripciones electorales. Otro paso adelante en este sentido sería dotar de más medios humanos y materiales a los Tribunales de Cuentas (y a las comisiones de garantías en los partidos políticos), ampliar su mandato, previa modificación imaginativa de la forma de elección de las y los miembros de los mismos. Como también sería un paso adelante el hecho de que personas ajenas a la institución pudieran formar parte de las Comisiones de Incompatibilidades de los Parlamentos.

Transparencia, participación, debate crítico y dación de cuentas serían los elementos que compondrían la fórmula de una democracia mejor, dispuesta a dotarse nuevamente de sus dos principales funciones.

Parto de la base de que la fórmula (y las medidas que la acompañan), por sí misma, no terminaría de un plumazo con la desafección política. No hay fórmulas mágicas. Pero también creo que, de aplicarse, abriría un camino de cambio en nuestra cultura político-democrática y, sobre todo, serviría para extenderla a otros ámbitos de la sociedad, en los que es tanto o más necesaria aún. Sólo dando ejemplo desde los partidos y desde la actividad pública se podrá empezar a exigir a la actividad privada. Y ése es el objetivo, cambiar la política para cambiar la sociedad.


[1] FERRAJOLI, L., Poderes Salvajes. La crisis de la democracia constitucional. Trotta, Madrid, 2011 (p.58).
[2] INNERARITY, D., El futuro y sus enemigos. Una defensa de la esperanza política, Paidós, Madrid, 2009 (p.14).
[3] VALLESPÍN, F., El futuro de la política, Taurus, Madrid, 2003 (p.12).
[4] ALONSO, S., KEANE, J., MERKEL, W., The future of representative democracy, Cambridge University Press, New York, 2011 (p.13).
[5] Informe Transparencia, el mejor eslogan 2012, Fundación Compromiso y Transparencia: http://www.compromisoytransparencia.com/upload/08/30/InformePartidosPoliticos2012.pdf
[6] MARAVALL, J. Mª, Las promesas políticas, Galaxia Gutenberg, Madrid, 2013 (p.55).
[7] JUDT, T., Algo va mal, Taurus, Madrid, 2010 (p.151).



(Artículo publicado en el Nº2 de la revista GALDE: http://galderak.org)

martes, 2 de julio de 2013

¿Piensan los partidos políticos en el "bien común"?

Bajo este sugerente titular, el próximo jueves, a las 19.30h, la asociacion Plan BIKO - Por el Bien Komún organiza una jornada sobre la relación entre la política y el bien común (en el recientemente redefinido término acuñado por Christian Felber y los suyos). 

¿Qué cualidades ha de tener la política y sus protagonistas? ¿Piensan las y los políticos y los partidos en el bien común de la sociedad a la que representan? ¿En qué se demuestra? ¿Deben cambiar los partidos políticos? ¿En qué? ¿Desde qué otros lugares se puede hacer política? Los ciudadanos, ¿en qué debemos cambiar para convivir mejor políticamente?

A estas y otras preguntas, tratarán de responder Antonio Rivera, Braulio Gómez y Elena Ozcoz, en una mesa que conducirá el periodista Aitor Buendía. Junto con el público-pueblo asistente, y como viene siendo norma en los encuentros de la asociación, se propondrán pequeñas acciones o gestos que podríamos llevar a cabo los ciudadanos para que la política sirva más y mejor al bien común. Yo no ve lo voy a perder.